Para entender el razonamiento que sustenta la tesis que postula la inaplicación del artículo 117 de la Constitución, es necesario apuntar algunas consideraciones previas sobre los tratados internacionales y su relación con el principio de jerarquía normativa en el ordenamiento peruano. Palacios Mc Bride, Rosa María Palacios y Azabache, César. El supuesto básico de la teoría del delito incluye un sujeto que mediante... © 2017 Enfoque Derecho. Op. Pedro Castillo promulgó ley que amplía bachillerato automático hasta 2023, Empoderando en el Derecho Internacional Público: una mirada a la participación…, Beatriz Franciskovic | Comentarios a la Ley 31311, La Constitución y las decisiones del Congreso, Un turismo hacia las épocas oscuras y hacia el mundial Qatar…, Dispute Boards a la Peruana: Juntas de Resolución de Disputas –…, Alcances sobre la posible adhesión del Estado peruano a la CONVEMAR…, Enfoque semanal del 29 de agosto al 4 de setiembre, Comentarios a la opinión vinculante de Servir: Identificación de los contratos…, Resolución 488-2022-SUNAFIL/TFL: El tribunal de fiscalización laboral y el principio de…, ¿Cómo influyó la economía en la precariedad del trabajo durante los…, A propósito de la guía informativa sobre acuerdos anticompetitivos en el…, Infografía | Principios del Derecho de Trabajo. WebA la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente. Nueva York y Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas – ACNUDH, folleto informativo núm. Artículo 134.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o Our multimedia service, through this new integrated single platform, updates throughout the day, in text, audio and video – also making use of quality images and other media from across … En este artículo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad jurídica del presidente de la República, según el ordenamiento constitucional vigente en el Perú. confianza de la aprobación. El derecho a una buena administración. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, setiembre, primera edición. Por otro lado, según García Toma, el antejuicio y juicio político son “mecanismos procesales de control político destinado a promover, de un lado, la defensa y eficacia de las normas e instituciones previstas en la Constitución, contra el abuso del poder en que pudiesen incurrir los altos funcionarios públicos; y del otro, la intervención del órgano judicial –a través de la Corte Suprema– en la investigación, juzgamiento y eventual penalización de determinadas altas autoridades o ex autoridades estatales”[11]. al 3:25 min.). WebLa responsabilidad del Presidente de la República. Sin embargo, hay también un importante movimiento en contra de este proyecto, impulsado entre otros por la Iglesia Católica, y una mayoría de peruanos aún se opone a la legalización de la unión civil homosexual –que, más allá del nombre, cumple el propósito del matrimonio para personas de mismo sexo. el décimo día natural después de su presentación. Conclusiones. El origen de la responsabilidad política institucional en el derecho constitucional IV. Se trata, pues, de un esfuerzo hermenéutico al que están obligados a realizar todos los actores del entramado social y político, y con mayor razón aquellos sujetos cuyas interpretaciones generan efectos jurídicos. 10 Constitución Política del Perú de 1993. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. (2011). (2012). https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/30314/INS138.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Hermida del Llano, Cristina. “Explicando la denuncia constitucional contra Pedro Castillo”. WebEscuela de Postgrado Maestria en Derecho Constitucional. Gustavo Mohme Seminario, año 41, N° 14889, p. 12. Director: Roger Vilca | Fundador: Roger Vilca. “¿Qué ocurriría si el caso Pedro Castillo llegara al Congreso?”. (13 de octubre de 2022). Puede ejercerse control de convencionalidad para inaplicar el artículo 117 de la Constitución y determinar la responsabilidad constitucional del presidente por causales no previstas en el mismo, bajo el amparo normativo de la referida Convención de Naciones Unidas. Como principio, esta noción dirige el funcionamiento de los órganos que ejercen función administrativa y gubernamental, y está relacionada a otros principios constitucionales, tales como la eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y legalidad administrativa. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal, Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros, Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del, Artículo 99°.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los, Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal, Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal, Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal, Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del, Artículo 99.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de, Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los, Responsabilidad del Presidente de la República. La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción es un tratado de derechos humanos. funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Artículo 81. ¿Puedes resolverlas? Por ejemplo, Cario Roldán la ha rebatido expresando que “la suspensión temporal solo podría aplicarse en caso de incapacidad física o si el presidente enfrenta un proceso judicial por hechos señalados en el artículo 117”; por este motivo, añade que “si el Congreso quiere suspenderlo, tendría que ser mediante un juicio político por infracción a la Constitución, en el marco de los artículos 99 y 100, y eso supone necesariamente 87 votos”[18]. Dentro de este ámbito, se distingue a la responsabilidad jurídica penal y a la responsabilidad jurídica constitucional. Disponible aquí. Está claro que actuó después del escándalo no antes. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presi- Por tanto, hay motivos suficientes para emprender una reforma constitucional del artículo 117 de la Constitución, a fin de ampliar las causales de acusación constitucional contra el presidente de la República respecto a los delitos contra la Administración Pública. Había mencionado en el acápite anterior que me adhería a la postura de Castillo Córdova según la cual estos instrumentos internacionales constituyen normas constitucionales adscriptas de origen convencional. El portal jurídico más leído del Perú. La convención examinada no tiene como objetivo principal reconocer ni concretizar derechos subjetivos de naturaleza ius fundamental que puedan servir de mecanismos para los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, sino más bien su finalidad es configurar instrumentos destinados a preservar la integridad institucional y legitimad democrática de los Estados partes. (12 de octubre de 2022). ¿Estás recién titulado/a y buscas empleo? Por consiguiente, cualquier control convencional que se pretenda practicar en estos procesos parlamentarios cuasi jurisdiccionales, tendría carácter concreto, no abstracto, ya que el objeto de control no es una norma jurídica, sino la conducta de un alto funcionario público. Por tanto, hay motivos suficientes para emprender una reforma constitucional del artículo 117 de la Constitución, a fin de ampliar las causales de acusación constitucional contra el presidente de la República respecto a los delitos contra la Administración Pública. XVI, núm. En este folleto se consignan como tratados de derechos humanos a los siguientes: [11] García Toma, Víctor. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, setiembre, primera edición. Artículo 117.- El Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006). [6] Castillo Córdova, Luis. Dejando de lado el aspecto penal contenido en la denuncia, lo que ha generado debate es el argumento constitucional propuesto por la fiscal para fundamentarla ante las instancias parlamentarias. ¿Es adecuado que los intercambios que involucren intangibles califiquen…, ¿Es la extensión del Derecho al Régimen de Visitas una inclusión…, Ley 31145 y sus implicancias -provisionales – para la independización de…, ¿Actúas por mí? 48-49. Mientras que su vertiente ius fundamental está relacionada al acceso a la información pública, al derecho a ser indemnizado por los daños derivados del ejercicio de la función administrativa estatal, a los derechos de participación política de los ciudadanos tales como el sufragio, el referéndum, el plebiscito, la participación vecinal en el gobierno local, la revocatoria de autoridades, la demanda de rendición de cuentas, la iniciativa legislativa, entre otras posiciones jurídicas subjetivas.[9]. WebEl ordenamiento constitucional vigente contempla pocas causales para la acusación del Presidente de la República, en caso incurra en algún delito de función o infracción constitucional durante el ejercicio de su mandato. Así, el presidente Pedro Castillo podría ser suspendido del cargo con una votación equivalente a la mitad más uno de los miembros del Congreso (mayoría absoluta), hasta que se termine de resolver su situación jurídica por los cargos de corrupción que se le imputan. Recursos Véase También Bibliografía Por Epifanio López Cantoral, abogado titulado por la Universidad Alas Peruanas. Contrariamente a lo que suele creerse, este control no es de naturaleza abstracta, sino concreta; es decir, el control de convencionalidad se ejerce en el marco de un caso contencioso y respecto a normas jurídicas en abstracto. Castillo Córdova, Luis. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=0JJqTRTg724&t=888s (6:10 min. Sobre el derecho fundamental a la buena administración y la posición jurídica del ciudadano. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1EovnCeN1iNq8gdXSq24nlV7mT_S6LEe2/view?fbclid=IwAR0WbnXUR93WWcRWO26ayTXzXMFdUad7sCGWW5XePe4s20kcdMSph34PVI4. Exp. (2012). Esto ha favorecido, en no pocas ocasiones, conductas presidenciales proclives a los excesos políticos y la arbitrariedad. “¿Qué ocurriría si el caso PEDRO CASTILLO llegara al Congreso?”. En este artículo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad jurídica del presidente de la República, según el ordenamiento constitucional vigente en el Perú. [8] El TC ha establecido como doctrina jurisprudencial que la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que obliga a “tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con ello un directo atentado contra el Estado social y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo integral del país”. [3] Rosa María Palacios es de esta opinión, quien además señala que la recogió nuevamente del constitucionalista Luciano López. WebIII. Buscan forzar la incapacidad temporal para suspender a Pedro Castillo. 11 Constitución Política del Perú de 1839. WebEl ahora ex ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló que el Congreso no consideró necesario realizar consulta alguna a las personas con discapacidad durante el proceso legislativo, al creer que la reforma no afectaba, sino beneficiaba a las personas con discapacidad, sin embargo, “al no consultar de manera … (2012). Discrepo de esta crítica. Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC), del Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA) y del Centro de Estudios de Contrataciones del Estado (CECE), los cuales pertenecen a la Universidad de San Martín de Porres (USMP). 35-46 / ISSN 1027-6769 Por ello, hace falta un norma constitucional capaz de brindar soluciones a las crisis políticas, limitando a su vez el poder político del parlamento, a fin de proscribir la arbitrariedad que supone el desvió o abuso del poder.". Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, setiembre, primera edición. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. También se examinan los alcances de la prohibición de acusar al presidente de la República durante su período de mandato, prevista en el artículo 117 de la Constitución, por delitos distintos a los mencionados en este artículo constitucional. Buscan forzar la incapacidad temporal para suspender a Pedro Castillo. (12 de octubre de 2022). Esta disposición prescribe que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir las elecciones generales, regionales y … “Explicando la denuncia constitucional contra Pedro Castillo”. En conclusión, esta convención sí es una fuente de derecho de origen internacional, integrada al derecho nacional por mandato constitucional del artículo 55, pero de rango legal, en aplicación de la doctrina jurisprudencial del TC sobre el sistema de fuentes del derecho peruano, al adscribirse a la materia contemplada en el inciso 2 del citado artículo 56 (soberanía, dominio o integridad del Estado). WebVista de La responsabilidad jurídica del presidente de la República en el Perú. Considero que no por las razones que puntualmente paso a exponer. Manifiesto influencer: Repensando el principio de autenticidad en la publicidad digital, Infografía | Subsidiar, sucursal y franquicia, Una estrategia de avance vs, una estrategia de freno radical Mitos…, Infografía | El fin de la pena en el Perú, ¿El Estado peruano es responsable internacionalmente por la violación de Derechos…, Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revoca la resolución que dictó…, Respecto al artículo 361° del Código Penal: ¿El particular que comete…, Gonzalo Alegría es denunciado por violencia psicológica y sexual, Problemas probatorios de la prueba testimonial: Análisis desde la psicología del…, Impedimento de salida: alcances y especial referencia al denominado “testigo importante”, INFOQUE | ¿Cuál es la diferencia entre acto jurídico y hecho…, Bienes intangibles. Ahora corresponde citar el artículo 30.2 de la convención aludida: Es de notar que, a diferencia del artículo 117 de la Constitución, este precepto tiene un mediano grado de concreción normativa, ya que, si bien impone a los Estados partes la obligación de mantener un equilibrio entre las inmunidades y prerrogativas otorgadas a sus funcionarios públicos y la posibilidad de investigarlos, enjuiciarlos y sancionarlos si así lo ameriten las circunstancias, este equilibrio debe lograrse conforme al ordenamiento y principios constitucionales que rigen el derecho nacional, los cuales son conceptos cuyo contenido se determina según el Estado del que se trate; más aún si los principios constitucionales, positivizados o no, son normas jurídicas de contenido axiológico, y de textura indefinida en abstracto, pero definible en concreto. Estas responsabilidades son susceptibles, de analizarse en dos sentidos: con relación a las facultades que le concede la Constitución al Presidente de la República y con la forma en que se puede responsabilizar al jefe del Ejecutivo en comisión de delitos que marca expresamente la Constitución General. WebEn este articulo se trata, principalmente, acerca de la responsabilidad juridica del presidente de la Republica, segun el ordenamiento constitucional vigente en el Peru. Es bueno que el presidente asuma las responsabilidades que le caben en este caso y sobra decir que el congreso deberá hacer lo propio. Webcaso, sigue en manos del Presidente de la República. Lima: Zela, segunda edición. Huacasi, Wilber. Disponible, Sar Suárez, Omar y Pérez Tello, Marisol. [7] La resolución legislativa puede verse aquí. Iberoamericano de Derecho Procesal. (2022). Descargar García Toma, Víctor. Lea también: ¿Procede la denuncia constitucional contra el presidente al amparo del art. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). Desde mi perspectiva, a pesar de ser instrumentos de control político parlamentario, son funciones materialmente jurisdiccionales, pero formalmente legislativas por mandato constitucional. Establece que transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. No será fácil salir del vacío y la desesperanza que ha traído tan nefasto suceso para las instituciones, para el propio presidente y para una sociedad que desde hace muchos años no se siente representada dignamente. Se trata, pues, de un esfuerzo hermenéutico al que están obligados a realizar todos los actores del entramado social y político, y con mayor razón aquellos sujetos cuyas interpretaciones generan efectos jurídicos. Finalmente, se intenta establecer el significado de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, regulada en el artículo 113 de la Constitución, y su relación con las responsabilidades política y jurídica. Como bien lo ha advertido el doctor Hakansson Nieto, el aforamiento personalísimo y excepcionalísimo consagrado en el artículo 117 de la Constitución fue previsto por el constituyente para que el presidente no se vea afectado por los avatares de la crispación entre el Ejecutivo y el Legislativo. De estimarse esta propuesta, el presidente podría ser sometido a juicio o antejuicio político –según la calificación que adopte la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (infracciones constitucionales o delitos de función)–, su prerrogativa sería levantada y la fiscal de la Nación quedaría habilitada para procesarlo penalmente por los cargos de corrupción que se le imputan. Hermida del Llano, Cristina. [7] La resolución legislativa puede verse en: https://drive.google.com/drive/folders/1vOF3A8f2XcRuXu5Ryg7lmRHn_l45FPeb. Tribunal Constitucional ordena el derribo del llamado “muro de la vergüenza” que divide La Molina de Villa María del Triunfo. Infografía | Libre y Leal Competencia: ¿En qué se diferencian? En este folleto se consignan como tratados de derechos humanos a los siguientes: [11] García Toma, Víctor. http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/188. En síntesis, la tesis fiscal se basa en dos premisas: ¿Esta tesis tiene asidero jurídico? En Diario La República, dir. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del … No cabe duda de la existencia de indicios plausibles de corrupción en el gobierno central encabezado por el presidente Pedro Castillo; sin embargo, antes de plantear salidas a este problema debe pensarse que los actos del presente condicionan las circunstancias del futuro. Derechos fundamentales y procesos constitucionales. "Lo cierto es que este salvataje no es políticamente recomendable debido a que su alta indeterminación normativa puede propiciar un uso arbitrario por el parlamento. En El Montonero[En línea]: https://www.youtube.com/watch?v=Cl-PPBhbhzA. (view fulltext now), 1. https://drive.google.com/file/d/1EovnCeN1iNq8gdXSq24nlV7mT_S6LEe2/view?fbclid=IwAR0WbnXUR93WWcRWO26ayTXzXMFdUad7sCGWW5XePe4s20kcdMSph34PVI4. Dentro de este ámbito, se distingue a la responsabilidad jurídica penal y a la responsabilidad jurídica constitucional. Gustavo Mohme Seminario, año 41, N° 14889, p. 12. Lo cierto es que este salvataje no es políticamente recomendable debido a que su alta indeterminación normativa puede propiciar un uso arbitrario por el parlamento. – 6:52 min. Ahora corresponde citar el artículo 30.2 de la convención aludida: Es de notar que, a diferencia del artículo 117 de la Constitución, este precepto tiene un mediano grado de concreción normativa, ya que, si bien impone a los Estados partes la obligación de mantener un equilibrio entre las inmunidades y prerrogativas otorgadas a sus funcionarios públicos y la posibilidad de investigarlos, enjuiciarlos y sancionarlos si así lo ameriten las circunstancias, este equilibrio debe lograrse conforme al ordenamiento y principios constitucionales que rigen el derecho nacional, los cuales son conceptos cuyo contenido se determina según el Estado del que se trate; más aún si los principios constitucionales, positivizados o no, son normas jurídicas de contenido axiológico, y de textura indefinida en abstracto, pero definible en concreto. La disposición así formulada es clara en su sentido normativo. Ya he transcrito el artículo 117, el cual contiene una disposición con un alto grado de determinación normativa, a tal punto que configura una regla constitucional, por cuanto prevé un mandato cuyo cumplimiento se logra con una conducta precisa: solo procede acusar constitucionalmente al presidente durante su periodo por traición a la patria (acto delictivo); por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral (actos infractores de la Constitución, pero no necesariamente delictivos). (11 de octubre de 2022). En el derecho peruano la construcción teórica de esta noción es aún precaria; no obstante, de un estudio comparado se advierte que la buena administración tiene una dimensión institucional o principista y otra ius fundamental o de derecho humano. (0) Por lo demás, hay un antecedente histórico de esta reforma imperiosa, y es que, en los debates del Congreso Constituyente de 1992, Henry Pease propuso incorporar delitos de corrupción como causales de acusación constitucional contra el presidente, pero no fue aceptada. [3] Rosa María Palacios es de esta opinión, quien además señala que la recogió nuevamente del constitucionalista Luciano López. 1, p. 2. Actualmente, tenemos a cinco ex presidentes –descontando a Alan García Pérez, quien se suicidó en el 2018– sentenciados o procesados por delitos de corrupción. Lima: Zela, segunda edición. (12 de octubre de 2022). XVI, núm. WebLa lectura de esta investigación de César Delgado-Guembes presenta alternativas para comprender la naturaleza y los límites de la irresponsabilidad política del Presidente de la República en el Perú, que debe enriquecer la literatura y la reflexión ciudadana en general, pero de los académicos y estudiosos del derecho constitucional de modo especial y … Algunos constitucionalistas se han manifestado en contra de esta tesis. – Un análisis hacia el intento de prórroga…. El caso Marbury vs. Madison, no cabe duda, constituye uno de los principales hitos (e íconos) del... Los próximos días estará el proyecto de ley que probablemente haya causado más polémica en los últimos años. WebUn libro electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a veces se define como "una … (2022). Descargas PDF Publicado 2020-12-02 Cómo citar Alvarado Tapia, K. … En El Constitucional[En línea]: https://www.facebook.com/omar.sar/videos/644873263820516. Caso Óscar Denis: la responsabilidad jurídica recaerá sobre Abdo, dijo exministro de la Corte . Weba) Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el … En conclusión, esta convención sí es una fuente de derecho de origen internacional, integrada al derecho nacional por mandato constitucional del artículo 55, pero de rango legal, en aplicación de la doctrina jurisprudencial del TC sobre el sistema de fuentes del derecho peruano, al adscribirse a la materia contemplada en el inciso 2 del citado artículo 56 (soberanía, dominio o integridad del Estado). Some features of this site may not work without it. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Además, esta declaratoria de suspensión no es constituye una sanción constitucional, sino una medida de conveniencia política en vista de la grave crisis en la que se encuentra sumida la institución presidencial. ¿Es conveniente para una... Análisis del Protocolo de Fiscalización Laboral en materia de tercerización: Alcance... Congreso no aprueba la inhabilitación de la función pública de Freddy Díaz, How you can find the Best Virtual Data Place Providers, The European Legislation Students’ Affiliation, 5 razones para oponerse a la Unión Civil Homosexual, El concurso de delitos en el Derecho Penal. Lima: Zela, segunda edición, p. 632. la Facultad de Derecho de la PUCP. 16, pp. 30 / Rev. En, Denuncia constitucional 307/2022-2026. Profesor de la Academia de la Magistratura del Perú. En Diario La República, dir. WebTrabaja en el Estado | Servicio Civil. La disposición así formulada es clara en su sentido normativo. (2012). Editorial | Asilo político a la familia de Pedro Castillo: ¿Una…, Entre lo evidente y lo justo: Análisis del peligro procesal y…, 07.12.22 – Analizando el [fallido] golpe de Estado de Pedro Castillo, El fallo del TC que permite la postulación de condenados por…, La prohibición legal de la reventa de entradas a espectáculos: ¿Es…, Análisis de la sentencia emitida por la CIDH en el Caso…, Tribunal Constitucional ordena el derribo del llamado “muro de la vergüenza”…, ¿Responsabilidad constitucional del presidente de la República? Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006). WebNo obstante, la responsabilidad asumida por los ministros no limitaba la responsabilidad directa del Presidente, quien también era responsable. Este es otro ejemplo del oportunismo galopante de este país. Véase aquí (6:10 min-6:52 min), [5] Tesis que defiende Omar Sar. 1, p. 2. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet30Rev1_sp.pdf. Es necesario, pues, hacer un deslinde conceptual: la lucha contra la corrupción no es un derecho fundamental, sino un principio del Estado Constitucional de Derecho, que, en sede nacional, se desprende implícitamente de los artículos 39, 41 y 44 de la Constitución vigente[8], y, como consecuencia, constituye una política de Estado integrada al Acuerdo Nacional en lo que concierne a las políticas 24 y 26. Disuelto el Congreso, se mantiene en Con Pedro Castillo la lista aumentaría a seis. En lo personal, encuentro viable esta propuesta, porque, al no precisar si se trata de incapacidad física o moral, habría que entender que comprende ambos supuestos debido a que se trata de una disposición que busca resguardar la investidura presidencial. Son también objeto de revisión el significado de la responsabilidad política, los tipos que esta presenta, y el tipo específico de esta responsabilidad que le corresponde asumir al presidente de la República. El sistema de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. ), [5] Tesis que defiende Omar Sar. A.V. Ahora bien, podría aducirse que la convención bajo examen sí se adscribe a la materia de derechos humanos por cuanto estaría vinculada al derecho fundamental a la buena administración pública. * Bachiller en derecho. 157-170. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/2858. Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A.Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular. Todos los derechos reservados. [6] Castillo Córdova, Luis. El artículo 55 de la Constitución establece la técnica de la integración o recepción de los tratados al derecho interno, pues dispone que los celebrados por el Estado, y los que se encuentran en vigor, forman parte del derecho nacional. Web¡Bienvenido a Banorte! En lo personal, encuentro viable esta propuesta, porque, al no precisar si se trata de incapacidad física o moral, habría que entender que comprende ambos supuestos debido a que se trata de una disposición que busca resguardar la investidura presidencial. Desde los 90’s la experiencia política ha evidenciado en el Perú una grave crisis institucional como consecuencia del fenómeno de la corrupción en todas las esferas del poder público, sobre todo a nivel de gobierno central. En el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, establece que la Contraloría General de la República (en adelante, CGR) tiene como funciones supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, las operaciones de la deuda pública y los actos de las instituciones sujetas a control. Esta disposición prescribe que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir las elecciones generales, regionales y municipales, disolver el Congreso inconstitucionalmente e impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Dentro de este ámbito, se distingue a la responsabilidad jurídica penal y a la responsabilidad jurídica constitucional. Son también objeto de revisión el significado de la responsabilidad política, los tipos que esta presenta, y el tipo específico de esta responsabilidad que le corresponde asumir al presidente de la República. Entrevista a Omar Cario Roldán. Son también objeto de revisión el significado de la responsabilidad política, los tipos que esta presenta, y el tipo específico de esta responsabilidad que le corresponde asumir al presidente de la República. Resolución Legislativa que aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Álvarez Miranda, Ernesto. El objeto de estudio en la presente investigación, está referido al análisis de la responsabilidad del Presidente de la República en los ámbitos político, penal y constitucional, así como de los criterios a considerar para su reforma en nuestro país. García Toma, Víctor. Señala textualmente que: El control de convencionalidad implica, también, la tarea de una «interpretación conforme» de nuestras normas de derecho interno (incluidas las constitucionales) con las supranacionales. Resulta bastante curiosa, por no decir que cínica, la posición del presidente frente a la reforma de justicia, pues es imposible asumir tal inocencia y rubor frente al texto final, con un proyecto que nació en la casa de Nariño y el cual fue defendido a capa y espada por sus ministros y el propio Doctor Santos  hasta último momento. (2012). En otras palabras, el examen de convencionalidad recaería no en la norma jurídica, sino en los hechos o actos que bien pueden ser el resultado de la aplicación de normas jurídicas. física o moral, y término de su período constitucional. Webderecho penal, la responsabilidad jurídica del presidente de la República ha sido reconocida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Exp. Hay quienes afirman que esta Convención de Naciones Unidas califica como un tratado de derechos humanos[3]. Por Juan Manuel Sosa, Asesor Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. (2011). en adelante). 6 Clinton v. Jones (95-1853), 520 U.S. 681 (1997). También se examinan los alcances de la prohibición de acusar al presidente de la República durante su período de mandato, prevista en el artículo 117 de la Constitución, por delitos distintos a los mencionados en este artículo constitucional. (12 de octubre de 2022). Así, esta prerrogativa condice con nuestra forma de gobierno presidencialista[16] matizada con elementos del parlamentarismo. Miembro del círculo estudiantil Lex Patria – C. Jurídico. Web2. Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. Un hecho distinto hubiera brindado ahora una solución con fundamento en el sistema constitucional. (2012). [17] Columna de Ernesto Álvarez Miranda en El Montonero. Escuela de Postgrado. Artículo 132.- El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros Ahora bien, esto no impide que las convenciones sirvan de criterios interpretativos de las disposiciones constitucionales; lo que no es admisible es usarlas para dejar sin efecto parcial o totalmente la Constitución, sea inaplicando o abrogando sus preceptos. [8] El TC ha establecido como doctrina jurisprudencial que la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que obliga a “tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con ello un directo atentado contra el Estado social y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo integral del país”. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, setiembre, primera edición. 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados); F.J. 55. Esta suspensión no se funda, pues, en la responsabilidad constitucional declarada por el Congreso. Δdocument.getElementById( "ak_js" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. Lima: Editorial ADRUS, tercera edición. A&C Revista de Direito Administrativo y Constitucional, vol. el presidente debe ser considerado judicialmente irresponsable relativo y temporal y, por lo tanto, los jueces del poder judicial (pj), las autoridades del mp, de la pnp y del cnr devienen en manifiestamente incompetentes para generar sobre su persona una relación jurídico-procesal válida, hasta tanto no culmine su mandato, sea que este vaque en … [12] Castillo Córdova, Luis. Examen JNJ: Cinco preguntas sobre derechos reales. Véase aquí (10:57 min. A propósito de esta última disposición algunos constitucionalistas, como Omar Sar, han afirmado que las convenciones sobre esta materia tienen rango supralegal, al formar parte del bloque de constitucionalidad (parámetros de interpretación de las leyes), pero de rango infra constitucional pues la Norma Fundamental no le otorga esta jerarquía suprema[5]; mientras que otros, como Castillo Córdova, sostienen más bien que “estas normas convencionales se integran al sistema jurídico nacional en su nivel constitucional, conformando el derecho convencional constitucionalizado que se adhiere a la norma constitucional directamente estatuida”, razón por la cual “se les debe denominar como normas constitucionales adscriptas de origen convencional”[6]. Dichas elecciones se Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en Si deseas publicar con nosotros escríbenos al correo. La convención examinada no tiene como objetivo principal reconocer ni concretizar derechos subjetivos de naturaleza iusfundamental que puedan servir de mecanismos para los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, sino más bien su finalidad es configurar instrumentos destinados a preservar la integridad institucional y legitimad democrática de los Estados partes. Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes. En lo que respecta al presidente, el documento describe los hechos que permiten presumir su autoría en los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión en los casos llamados Petroperú, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes y Comunicaciones-Puente Tarata. (2012). Desde mi perspectiva, a pesar de ser instrumentos de control político parlamentario, son funciones materialmente jurisdiccionales, pero formalmente legislativas por mandato constitucional. El derecho a una buena administración. Véase: Moreno Molina, José Antonio. a nombre del Consejo. Volver a los detalles del artículo La responsabilidad jurídica del presidente de la República en el Perú Descargar Descargar PDF La responsabilidad jurídica del presidente … Derechos fundamentales y procesos constitucionales. Moreno Molina, José Antonio. Sin embargo, esta afirmación es errada. Sistema de. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=JSMuR6wakfo. 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados). contra la unidad e independencia nacional; y de derecho por admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad El Presidente de la República tiene el mayor respeto por la Corte Constitucional, Guardiana de la Carta Política y que sobre temas de constitucionalidad tiene la última palabra. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Ahora se quiere convocar a un referéndum y a una constituyente. 23-2001), La mayor colección digital de laProducción científica-tecnológica del país. Dónde estaba el ministro, los  asesores presidenciales en materia jurídica. XVI, núm. No cabe duda de la existencia de indicios plausibles de corrupción en el gobierno central encabezado por el presidente Pedro Castillo; sin embargo, antes de plantear salidas a este problema debe pensarse que los actos del presente condicionan las circunstancias del futuro. El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar. También se examinan los alcances de la prohibición de acusar al presidente de la República durante su período de mandato, prevista en el artículo 117 de la Constitución, por delitos distintos a los mencionados en este artículo constitucional. Sobre la base de lo anterior, y suponiendo que el tratado objeto de análisis calificara materialmente como uno de derechos humanos, pareciera tener asidero que el Congreso ejerza control convencional para inaplicar el artículo 117 de la Constitución y así habilitar el procesamiento penal del presidente Pedro Castillo por causales no contempladas en dicha disposición normativa. La razón de que se aplique este principio al juicio político del presidente –además de la razonabilidad– es, como ya lo he anotado, el presidencialismo peruano. Es decir, a pesar del objetivo plausible e inexorable de esta convención, se deja un margen de apreciación nacional para que los Estados partes adecuen su ordenamiento jurídico de acuerdo a su contexto histórico, social y político. El sistema de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. [n 5] El actual mandatario es Gabriel Boric Font, quien asumió el cargo el 11 de marzo de 2022, dando inicio así a su gestión. La falta de precisión sobre la ubicación jerárquica de estos instrumentos internacionales dentro de nuestro sistema de fuentes del derecho, llevó al Tribunal Constitucional (TC) a sostener que, por regla, tienen rango legal, sean ordinarios, ejecutivos o de habilitación legislativa[4]; sin embargo, en cuanto a los tratados de derechos humanos, el Tribunal señaló adicionalmente que estos son incorporados al derecho nacional a través de la integración o recepción interpretativa por mandato de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, en virtud de la cual “las normas relativas a los derechos y libertades reconocidas en la carta fundamental se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. Esto significa que las normas convencionales sobre derechos humanos, una vez ratificadas y estando en vigor, se constitucionalizan (se adscriben a las normas constitucionales directamente estatuidas) por mandato expreso del artículo 55 de la Constitución[12]. ARTÍCULO 5o. Sobre el derecho fundamental a la buena administración y la posición jurídica del ciudadano. La configuración del derecho a una buena administración como nuevo derecho frente al poder. A&C Revista de Direito Administrativo y Constitucional, vol. WebLa responsabilidad política de los ministros: censura y cuestión de confianza; Antejuicio y juicio político en el Perú; La responsabilidad penal y constitucional del presidente de la república y la vacancia por incapacidad moral; Las funciones legislativas del poder ejecutivo: decretos legislativos y decretos de urgencia esta sala estima necesario advertir que el referido acto que dictó la asamblea nacional el 25 de octubre de 2016, denominado “acuerdo para iniciar el … Para rebatir esta objeción basta recordar que, de las causales previstas en dicho artículo, solo la traición a la patria es un acto delictivo; las demás solo configuran infracciones constitucionales. Esto significa que las normas convencionales sobre derechos humanos, una vez ratificadas y estando en vigor, se constitucionalizan (se adscriben a las normas constitucionales directamente estatuidas) por mandato expreso del artículo 55 de la Constitución[12]. Finalmente, se intenta establecer el significado de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, regulada en el artículo 113 de la Constitución, y su relación con las responsabilidades política y jurídica. 2020. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente. Una variante en el tipo subjetivo: normativizando el dolo e imprudencia, Análisis de la sentencia emitida por la CIDH en el Caso Cuya Lavy y otros vs. Perú, Necesidad de un Política Pública sobre Conflictos Sociales.
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